Debido a su situación geográfica, que lo convierte en una de las puertas a Europa, en 1985 el Estado español aprobaba por primera vez una ley destinada íntegramente a legislar en materia migratoria. El objetivo no era otro que restringir la llegada de personas extranjeras al territorio y condenar a la irregularidad a aquellas que ya vivían en él. La ley ha sufrido distintas reformas orientadas principalmente a hacer más complejos algunos de los obstáculos para la regularización de las personas extranjeras y a favorecer el retorno, aumentando la estancia máxima en un CIE o conmutando penas de prisión por la expulsión del país.

La última reforma entró en vigor el pasado mes de agosto y, una vez más, lejos de beneficiar a las personas residentes irregularmente en el Estado español, apuesta por la contratación en origen y la migración circular, es decir, la temporalidad. Esta reforma incorpora también una nueva forma de tramitar el arraigo –hasta ahora social, laboral o familiar– para las personas que ya tengan dos años de empadronamiento y se comprometan a cursar una formación dentro de los ámbitos laborales donde hay demanda. “Es una reforma totalmente mercantilista”, asegura Victoria Canalla, ya que “tiene como objetivo lo que le conviene al mercado laboral español y no la consecución de derechos”. Y teme que el nuevo arraigo por formación se limite solo a “tareas de limpieza o construcción, lo de siempre”.

“No es una ley garantista, sino que crea una situación de no derechos que implica la exclusión de una minoría, exponiéndola a la violencia al quedar fuera de las políticas públicas".

La ley de extranjería “se basa en un absoluto prejuicio étnico, producido por siglos de colonialismo, que considera a las personas extranjeras, en concreto a las sudamericanas, sujetos inferiores”, asegura Gabriela Poblet. En palabras de la activista argentina Victoria Canalla, “se trata de una ley racista porque contempla a quien viene de fuera como un sujeto diferente: el otro”. “No es una ley garantista, sino que crea una situación de no derechos que implica la exclusión de una minoría, exponiéndola a la violencia al quedar fuera de las políticas públicas y obligándola constantemente a sortear obstáculos”, añade.

““El Estado ejerce un racismo institucional inhumano que te pone trabas para cualquier trámite”, denuncia Eli González, exiliada desde Nicaragua, madre y solicitante de asilo a quien han denegado la protección internacional. Este racismo implícito en la ley se hace visible cuando las personas migradas deben enfrentarse a las instituciones españolas, a las que a menudo temen.

González denuncia la “situación ridiculizante” que vivió desde su primera gestión con Extranjería, esperando, de madrugada, durante muchas horas en una larga cola en la calle para poder acceder a una cita previa para ser atendida. Desde la pandemia, las largas colas en la puerta de cualquier oficina de extranjería o de asilo se han convertido en horas y horas ante la pantalla para tratar de conseguir virtualmente una cita.

Actualmente, esta tarea es imposible. La saturación de estas oficinas ha creado, durante los últimos dos años, un mercado irregular de citas, que, por mucho que ha sido denunciado a instituciones públicas desde colectivos y entidades, de momento no ha sido abordado. Y si ya eran poco accesibles los procesos de extranjería y asilo, ahora, con tarifas de hasta 200 euros por una cita previa, lo son mucho menos.

Esta violencia se suma a la situación de sometimiento, miedo y explotación laboral que para muchas migrantes –según el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá– dura una media de siete años y medio. Esto quiere decir que para algunas migrantes esta situación se alarga durante cuatro años, pero para otras puede llegar hasta doce: doce años sin derechos.

Según distintos estudios, en el Estado español, el colectivo de personas extranjeras está sobrerepresentado en los índices de pobreza. La lista de dificultades y obstáculos para conseguir lo que cualquier persona necesita es larga. Un nombre extranjero, el color de la piel o la sencilla ausencia de un DNI español imposibilitan muchas veces el acceso a uno de los principales derechos humanos: la vivienda.

Las personas y los fondos buitres propietarios alegarán que personas sin papeles, sin un contrato laboral y a menudo sin una cuenta corriente en el banco no tienen suficientes garantías para firmar un contrato como inquilinas. Al mismo tiempo, la irregularidad no les permite tener un contrato de trabajo ni, por lo tanto, cotizar para tener algún día una prestación de paro o una pensión, de tal forma que el pez se muerde la cola: ni techo ni trabajo garantizados.

La economía sumergida es el único camino. Así pues, la ley de extranjería es responsable y creadora de esta economía informal que el mismo Estado dice combatir.

La economía sumergida es el único camino. Así pues, la ley de extranjería es responsable y creadora de esta economía informal que el mismo Estado dice combatir. Otro pez que se muerde la cola. “La ley nos quita la posibilidad de tener los mismos derechos que el resto de personas y nos deja en un limbo legal durante al menos tres años, durante los cuales seremos explotadas trabajando de manera irregular. Y para salir de aquí tenemos que hacer de todo y más”, asegura Ana Isabel Ríos, una migrante colombiana que prefiere guardar el anonimato por el riesgo al que se expondrá al denunciar la forma mediante la cual consiguió la residencia.

Los recorridos para “salir de aquí”, de un inevitable agujero negro, son diversos. El primer paso, imprescindible para todas y que –a pesar de que debería ser muy sencillo– a menudo no está siendo garantizado por las administraciones públicas, es el empadronamiento. Aparecer en el registro del padrón del municipio español donde la persona extranjera resida será la garantía de otros derechos como la salud o la educación de menores.

El derecho al empadronamiento es, la puerta hacia los demás derechos. Por ley, todos los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todas las personas que residan en su municipio, también si viven bajo un puente o en un cajero automático.

El derecho al empadronamiento es, pues, la puerta hacia los demás derechos –una puerta que a veces ya cuesta abrir. Por ley, todos los ayuntamientos tienen la obligación, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, de empadronar a todas las personas que residan en su municipio, también si viven bajo un puente o en un cajero automático, mediante la figura del “padrón sin domicilio fijo”.

Muchos consistorios, pero, no cumplen la ley y exigen un contrato de alquiler o de propiedad a la hora de empadronarse. Esta falta de garantías de un derecho básico ha hecho surgir un mercado irregular –otro– donde se puede comprar la posibilidad de empadronarse pagando hasta 500 euros anuales a personas nacionales españolas o extranjeras residentes para que te empadronen en su casa.

Hay distintas ONG, como Cruz Roja, o entidades y colectivos de la propia población migrante organizada, como Mujeres Pa’lante, que ofrecen asesoramiento para que esto no ocurra, pero muchas veces acaba siendo inevitable. Sea como sea, el objetivo de cualquier migrante una vez ha llegado al Estado español es empadronarse tan pronto como sea posible, porque solo entonces, cuando ya conste en el padrón, empezarán a acumularse realmente los días, las semanas y los años que necesita para llegar a regularizarse de la forma más común: el arraigo social.

El arraigo social lo consiguen aquellas personas que pueden demostrar, a través del padrón, que han vivido tres años consecutivos en territorio español.

El arraigo social es una de las modalidades de autorización temporal para vivir y trabajar en el Estado español durante un periodo de tiempo prorrogable. Lo consiguen aquellas personas que pueden demostrar, a través del padrón, que han vivido tres años consecutivos en territorio español y que cumplen otros requisitos como la obtención de uno o varios contratos de trabajo que sumen al menos treinta horas semanales, la ausencia de antecedentes penales, la realización de cursos de la lengua local –castellana, catalana o eusquera– y un informe que demuestre su integración social. La periodista colombiana Liza Roncancio, como miles de personas en situación irregular, ya reúnen todo lo necesario para llevar a cabo este arraigo, menos el contrato laboral.

Estos contratos, como en el caso de Eli González, se acaban haciendo realidad “gracias a personas de confianza que te hacen el favor; de otra forma, es muy difícil”, asegura la joven nicaragüense. Roncancio, por su parte, después de que le denegaran la solicitud de asilo, rápidamente descubrió que su mejor opción era optar por el arraigo social: “Yo he estudiado catalán, cultura catalana, un curso subvencionado de marketing digital… Tengo todos los requisitos. Solo me falta una oferta de contrato, pero, con la edad que tengo y sin papeles, ¿quién me va a contratar? Quedas realmente en un limbo, es un callejón sin salida”, se lamenta preocupada. Actualmente tiene esperanzas en la nueva reforma, en conseguir un arraigo por formación comprometiéndose a hacer otra formación, un nuevo camino para la regularización que todavía debe comprobarse si funciona.

El arraigo laboral, en cambio, permite obtener la residencia tras dos años viviendo en el país de forma continua, pero debes demostrar que has trabajado sin contrato un mínimo de seis meses. Para alcanzar esta vía, tienes que denunciar a tu contratador y una inspección de trabajo debe verificar que trabajas sin contrato, proceso que genera miedo y desconfianza dada la posibilidad de perder el trabajo o de perjudicar a las compañeras que te han ayudado hasta el momento. Este arraigo funciona sobre todo para aquellas solicitantes de asilo que han gozado de un permiso de trabajo durante el tiempo que eran solicitantes, pero, al ser denegadas, quedan en situación de irregularidad.

El arraigo familiar es el camino más rápido y más sencillo, pero es una opción que en muchos casos se presta a abusos.

Finalmente, el arraigo familiar permite a una persona con al menos un año en el país obtener la residencia si tiene una relación de parentesco directo con una persona de nacionalidad española, sea por ascendencia, descendencia, matrimonio o pareja de hecho. Este es el camino más rápido y más sencillo y, por lo tanto, el que muchas personas migradas intentan coger sea como sea, pero es una opción que en muchos casos se presta a abusos.

“Yo he conseguido el permiso de residencia pagándole a una persona de nacionalidad española para que hiciera el trámite de pareja de hecho conmigo. Esto ha implicado ocho pagos de 500 euros, que suman 4.000, y por eso él me ha empadronado en su casa”, explica Ana Isabel Ríos. Después de tres años sin volver a su país debido a la situación de irregularidad, la estudiante de comunicación colombiana pudo visitar a sus padres en Cali y pudo hacer las prácticas del máster que tenía paralizadas debido también a la falta de documentación: “Era imposible acabarlo sin realizar las prácticas en una empresa, pero ninguna empresa me aceptaba sin NIE. Estaba desesperada”.

Antes de encontrar a la persona que hoy es su pareja de hecho por conveniencia, buscando formas de encontrar una pareja con quien casarse, la estudiante colombiana tropezó con un bufete de abogados que pedía 8.000 euros por conseguirle una pareja y tramitarle el permiso de régimen comunitario como familiar de ciudadano de la Unión Europea. “Era demasiado dinero y, además, me pareció muy grave que los abogados fueran colombianos como yo”, explica Ríos.

Un mercado irregular más, alimentado sobre todo por otras personas migrantes ya regularizadas y precarizadas que buscan formas de obtener recursos económicos a través de las necesidades que saben –porque las han vivido– que otras personas atraviesan. Y es que salir de la irregularidad no significa salir del contínuum de violencias que las personas migrantes viven desde que se ven forzadas a huir de sus territorios. Se trata de un contínuum que no terminará mientras persista el racismo estructural global.

“Me amenaza con que me sacará del padrón de su casa si no le pago 500 euros cada año”, hecho que podría provocar la no renovación de su permiso de residencia.

Pero la pesadilla todavía no ha terminado. La joven colombiana denuncia que actualmente es “víctima de chantaje económico por parte de este señor: me amenaza con que me sacará del padrón de su casa si no le pago 500 euros cada año”. Dejar de aparecer en el padrón de su pareja de hecho podría provocar la no renovación de su permiso de residencia, pero “500 euros es mucho dinero para alguien que continúa teniendo una situación económica inestable como yo, que pretende enviar dinero a casa, a Colombia. Es muy complicado”, se lamenta indignada.

“En este momento no hay citas previas” es el anuncio que le ha salido en la pantalla a Juan Diego Capaz cuando pretendía conseguir una cita para pedir asilo. Capaz es un joven indígena colombiano que ha tenido que salir de su territorio debido a amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Ha podido llegar a Barcelona a través de redes informales de solidaridad y de una pequeña ONG, que le ha facilitado recursos para el vuelo y las primeras semanas de supervivencia –una red muy favorable de la que no todo el mundo dispone. Se ha asesorado bien y ha recibido acompañamiento jurídico por parte de entidades como la Fundación Bayt Al-Thaqafa. Por eso lo primero que sabe que debe hacer es empadronarse. A pesar de los obstáculos, lo consigue.

“En este momento no hay citas previas”, continúa saliendo en la pantalla cada vez que lo intenta. Un mes después de su llegada, ya ha pasado por tres casas solidarias diferentes y ha encontrado un contacto que le ofrece, por 80 euros, una cita para al cabo de dos meses en la ciudad vecina de Tarragona. “Estoy obligado a hacerlo porque, si no, se me acaba el permiso de turista y entonces no seré ni una mierda para el Estado español”, espeta enfadado. No sabe si fiarse del todo. De momento solo es una promesa. Cuando esta persona le entregue la cita, le pagará con lo poco que le queda.

Se están llegando a pagar hasta 500 euros por una cita previa para pedir asilo.

Desde la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) aseguran que les consta que se están llegando a pagar hasta 500 euros por una cita previa. “Es bastante decepcionante. Tener que salir de mi territorio, venir donde se supone que estaría mejor y tener que pagar para acceder a lo que se supone que es un derecho”, continúa Capaz.

Ha buscado trabajos informales, pero por el momento no ha tenido suerte. Sin papeles es muy complicado trabajar. A pesar de que es un poco tímido, con el paso de las semanas ha construido una red informal, sobre todo de personas colombianas como él y migradas en general, que se ha convertido en esencial para seguir adelante. Esta red le ha acabado de dar los consejos que necesitaba. Ahora sabe que, aunque consiga finalmente pedirlo, lo más probable es que le denieguen el asilo, como a su conterránea Liza Roncancio, periodista amenazada por su tarea informativa en Colombia. Dos años y una pandemia después de pedir asilo, le comunicaron que su solicitud había sido denegada, como la de 18.614 colombianas más solo en 2021.

Las personas a quienes se les deniega el asilo no tienen que abandonar el país en quince días, como indica la carta que les dan, sino que pueden permanecer en el país y esperar a tener tres años de empadronamiento para hacer arraigo social.

También le han explicado que, aunque se convierta en solicitante de asilo, siempre tendrá abierta la vía del arraigo familiar: conseguir pareja o encontrar a una persona con nacionalidad española dispuesta a compartir privilegios, firmar como pareja de hecho y obtener la residencia de este modo. “También es importante recordar que las personas a quienes se les deniega el asilo no tienen que abandonar el país en quince días como indica la carta que les dan, sino que pueden permanecer en el país y esperar a tener tres años de empadronamiento para hacer arraigo social. Por eso es tan importando el padrón”, clarifica Rodrigo Araneda, migrante chileno y presidente de ACATHI, una pequeña asociación que hace acompañamiento psicosocial a personas refugiadas de la comunidad LGTBIQ+ en Barcelona.

Según Araneda, un activista con mucha experiencia asesorando a solicitantes de refugio, “son muchas las personas que piden asilo para tener algún tipo de documentación durante un tiempo”, una consecuencia casi inevitable que se desprende de la perversidad ya referida de la ley de extranjería. “El asilo no es un tema central. La visión del Estado español se centra más en la migración, se preocupa más por crear salidas a partir de la ley de extranjería que por estructurar elementos de asilo”, continúa. Una muestra de esta dinámica es que la ley de asilo, aprobada el 2009, todavía no dispone de un reglamento que la desarrolle trece años más tarde.

El panorama no es el mejor, pero Juan Diego Capaz también sabe que solicitar asilo es la vía más rápida para obtener un permiso de trabajo, que todas consiguen al cabo de seis meses de formalizar la solicitud. Poder firmar un contrato laboral y cotizar será un gran paso hacia la estabilidad que pierde cualquier persona cuando migra. Además, a pesar de la situación de colapso, tendrá alguna posibilidad de entrar en el sistema de acogida, que le brindará lo básico para vivir mientras no encuentre trabajo.

El régimen de fronteras global y la ley de extranjería española suponen las primeras violencias para las personas refugiadas. La siguiente, ya en ámbitos autonómicos y municipales, es encontrarse con la enorme dificultad de pedir asilo por la falta de citas previas. Pero todavía queda otra muy temida: un sistema burocrático que te obliga a ir a la policía para dejar constancia de la intención de solicitar asilo. Sí, la cita previa que tanto cuesta de conseguir “es una cita para pedir la cita, es así de burocrático”, asegura Araneda.

“Es una cita para pedir la cita, es así de burocrático”.

Por lo tanto, es obligatorio tratar con un cuerpo de seguridad –que a muchas les recuerda al actor armado que les perseguía en su país de origen– para obtener refugio en el que se considera un territorio seguro. “Es una revictimización total tener que dirigirme a la policía para conseguir asilo”, piensa Lucía Ixchiú, refugiada en el País Vasco junto con Cano.

Además, siempre con largos tiempos de espera. Actualmente, pueden llegar a pasar entre ocho meses y un año desde que aterrizan en el Estado español hasta que obtienen formalmente un documento, la tarjeta roja o una sencilla hoja blanca que les identifica como solicitantes de asilo con un número de identidad de extranjeros (NIE) provisional. “Hasta llegar a ese momento, vivimos tiempos muy duros, de absoluto desarraigo”, recuerda Ixchiú. “Es imposible generar arraigo cuando hemos vivido en cinco lugares diferentes en pocos meses. Nosotros somos nuestra propia casa”, añade su compañero, Carlos Cano.

A pesar de que alrededor de 70.000 personas piden asilo cada año, el sistema de acogida estatal dispone de unas 10.000 plazas.

En un circuito paralelo al de solicitar protección internacional, existe la posibilidad de acceder al sistema de acogida estatal, que incluye vivienda, alimentación, asesoramiento jurídico y laboral y atención psicológica. Actualmente, a pesar de que alrededor de 70.000 personas piden asilo cada año, el sistema de acogida estatal dispone de unas 10.000 plazas, que acaban siendo para las personas y familias en situación de más vulnerabilidad.

Y aquí es donde la terciarización o externalización de las funciones públicas es más pronunciada. Al sistema de acogida se accede solo a través de tres ONG: Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem. “Acceder al programa es difícil. Hay una media de cuatro meses de espera”, explica Estel·la Pareja, directora de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR).

Sobre todo se complica para las que huyen de la violencia pero todavía no son formalmente solicitantes de asilo porque no hay citas previas disponibles para hacer el trámite. “En alguna ocasión se ha conseguido entrar en la lista para acceder al sistema de acogida con pantallazos que demuestran que no han podido pedir asilo”, declara Pareja.

Este laberinto ya suficientemente imposible se complica con la actitud que algunas entidades tienen hacia las solicitantes de refugio. “Como mujer indígena, fui víctima de racismo en Madrid, en casa de compañeros teóricamente solidarios, y también con el sistema de acogida estatal a través de CEAR”, asegura la activista Lucía Ixchiú. Si bien otras refugiadas han recibido un buen trato, son varias las que denuncian no haber sido suficientemente escuchadas o haber sufrido cambios de domicilio que las obligaban a alejarse de la red de apoyo que con dificultades ya habían construido.

“Tener que cambiar de municipio es una violencia simbólica muy fuerte”.

“Si vienes de vivir violencia en tu país de origen y ahora eres refugiada, solicitante de asilo o, peor todavía, migrante forzosa a quien han denegado el asilo y tienes toda una historia de violencia pero no eres reconocida como refugiada y te leen como migrante económica… Si encima tienes que volver a explicar tu historia una y otra vez, estás reviviéndola eternamente”, reflexiona la antropóloga experta en migraciones Gabriela Poblet. “Tener que cambiar de municipio es una violencia simbólica muy fuerte”, añade.

En términos de acompañamiento sociojurídico de las personas solicitantes de asilo, el laberinto continúa. “Los dispositivos de acogida de estas entidades han aumentado, pero son un caos”, asegura Poblet. “La externalización lo que hace sobre todo es precarizar. La gente no sabe muy bien dónde va: acuden al SAIER, después a otro servicio, se sobreponen recursos y no entienden bien quien les lleva el proceso de asilo. Hay una falta de referentes claros”, sigue la antropóloga.

Como excepción a la situación general del Estado español, la ciudad de Barcelona es la única que cuenta con un servicio público municipal de asesoramiento, llamado Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), que lo que hace sustancialmente es derivar a otras entidades. Estel·la Pareja, de la CCAR, ve la parte positiva de esto: “Ante una tendencia neoliberal desde los años 80 de externalización de las funciones del estado, nosotros preferimos ser nosotros, la sociedad civil organizada en forma de entidades, las que gestionamos estos servicios que que sean empresas con fines de lucro”.

“Enfocar los sistemas de acogida desde una perspectiva de protección integral feminista, basada en la escucha de las necesidades de las personas”.

Para evitar los laberintos, la revictimización y las distintas violencias a las que se enfrentan las refugiadas, para poder ofrecer caminos de vida digna a las personas refugiadas, sería imprescindible enfocar los sistemas de acogida desde una perspectiva de protección integral feminista, basada en la escucha de las necesidades de las personas y en perseguir, desde un inicio, la autonomía individual en contextos comunitarios.

“Para mí, en cuanto a la acogida local, lo que se debe hacer es invertir dinero y tiempo en una primera entrevista y una segunda y una tercera con solo un referente, y bien hecha”, aconseja Poblet. “Una entrevista de primera acogida larga será mucho más efectiva porque conoceremos mejor a la persona, sabremos qué necesita, dónde derivarla, no irá a otras entidades y optimizaremos recursos”, sentencia.

En los últimos cinco años, 120.000 venezolanas y 72.500 colombianas han pedido asilo al Estado español: casi 200.000 personas desplazadas forzosamente que aterrizan, en gran parte en Madrid y Barcelona, sin mucha red de apoyo. A la mayoría se les ha denegado la solicitud de refugio. La gran diferencia es que al 80% de las personas de Venezuela se les han otorgado permisos de residencia y trabajo de un año de duración por razones humanitarias y, en cambio, a las de Colombia y el resto de países de América Central, a pesar de vivir situaciones de violencia extrema, se les ha denegado cualquier tipo de ayuda a un 94% de los casos. “Las personas a quienes nos han negado el estatus de refugiadas quedamos en una situación de vulnerabilidad total, irregulares y sin poder volver al territorio”, explica la periodista colombiana Liza Roncancio.

“Es un tema estrictamente geopolítico. Cuando hablamos de migración, al final hablamos de relaciones internacionales, de intereses comerciales y políticos”, declara Poblet. Por un lado, más allá de los intereses particulares del Estado español con cada país, a Venezuela se le ha reconocido una situación de crisis humanitaria desde altavoces internacionales, mientras que con Colombia, a pesar de que siguen produciéndose enfrentamientos armados de forma cotidiana y hayan sido asesinados 1.300 líderes sociales en los últimos cinco años, el discurso imperante subraya los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016. Por otro lado, Colombia, a diferencia de Venezuela, es un aliado en cuanto a modelo económico, y conceder refugio a las personas que huyen de allí sería una forma indirecta de aceptar una situación de riesgo e inestabilidad que no conviene a los mercados.

Entre 2000 y 2004, el país de García Márquez y Ecuador eran los orígenes de “los mayores colectivos de migrantes latinoamericanas”, tal como recuerda Poblet. Entre 2018 y 2021, ha vuelto a subir su migración, que al llegar se apoya en las redes antiguas que ya se habían establecido en el Estado español. El primer pico se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe, los falsos positivos y el paramilitarismo. El segundo pico, que a pesar de la llegada de la izquierda en el gobierno todavía se expande con la llegada constante de colombianos como Juan Diego Capaz, coincide con el gobierno de Iván Duque, pupilo de Uribe, y el retorno de la guerra pese a la firma de los acuerdos de paz de 2016.

A un 80% de las personas venezolanas solicitantes de asilo se les entrega protección internacional por razones humanitarias, mientras que solo a un 6% de las colombianas se les da refugio.

Por lo tanto, a pesar de afectar la situación jurídica y los derechos humanos de miles de personas, a causa de una decisión exclusivamente política y financiera, a un 80% de las personas venezolanas solicitantes de asilo se les entrega protección internacional por razones humanitarias, mientras que solo a un 6% de las colombianas se les da refugio.