“No pude más: me salté el reagrupamiento. Había esperado seis meses y ni siquiera me habían contestado, así que fui por la otra vía, que es ir a buscarlos”. El reagrupamiento familiar está establecido en el capítulo II de la ley de extranjería. Pero para la defensora del territorio hondureña Dalila Argueta, este derecho no ha sido garantizado.
En junio de 2021, cuando ya llevaba dos años sin ver a sus hijos, dos años de “miedos a ser denegada, a recibir una carta de retorno a un país que me quiere muerta”, le aprobaron el estatus de refugiada. Inmediatamente, solicitó el reagrupamiento familiar a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) de Madrid, con la documentación que ya había preparado previamente con abogadas solidarias.
Las ansias por reencontrarse con sus dos hijos, que crecían lejos a cargo de su tía y sus abuelos, eran inmensas. “Un abrazo real nunca se podrá cambiar por un beso enviado a través de una pantalla”, declara emocionada. El día fatídico en que, de golpe, todo cambió, tuvo que marcharse sin decir adiós. Hacía días que la amenazaban y la perseguían por su imparable actividad de denuncia contra un proyecto minero que se instalaba en el territorio que la había visto crecer, Guapinol, en Honduras. El terror se había apoderado de su día a día y, cuando explicó que había sido víctima de un intento de asesinato a las compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD), entre todas decidieron que debía salir inmediatamente del país.
“Yo sé que a mis hijos les hice muy daño. No nos habíamos separado nunca y el tiempo que hemos estado separados nunca lo podremos recuperar”, explica con dolor Argueta. “Ahora aprovechamos el presente”. Después de casi tres años sin verlos y un año después de haber solicitado el reagrupamiento familiar formal que ya nunca acabará de tramitar, el 3 de junio de 2022, en un plan estratégico secundado por IMD, la Casa de Defensoras Basoa y otras organizaciones, Argueta voló a un país vecino al suyo –donde no puede entrar legalmente por ser refugiada– para reencontrarse con sus dos hijos y llevárselos hacia el País Vasco, donde ahora conviven con una realidad totalmente nueva como menores indocumentados.
El suyo ha sido un reagrupamiento autogestionado y acompañado por la red de afectos y cuidados que ha construido durante muchos años. Pero no todo el mundo que solicita el reagrupamiento goza de esta red ni de este plan B. Y, por otro lado, el medio millón de personas que vive sin papeles durante una media de siete años no puede pedir este reagrupamiento formal y siempre se verá obligada a recurrir a estas vías informales para reencontrarse con su familia, sometiéndose, a menudo, a situaciones de racismo institucional. “Deberías haberte preparado antes de traer a tus hijos. Nadie te dijo que los trajeras”, denuncia Susana Espinoza, madre peruana, que le espetó una trabajadora de Servicios Sociales.
“Se ha demostrado, sobre todo con el caso de las refugiadas de Ucrania, que cuando se quiere se puede”, denuncia Dalila Argueta. La nueva reforma de la ley de extranjería ha flexibilizado los requisitos para el reagrupamiento familiar de menores, familiares con diversidades funcionales o en situación de vulnerabilidad: se requerirá disponer de un ingreso inferior al que había hasta ahora, entre otros cambios favorables.
Pero el principal obstáculo que se encuentran las que intentan traer a su familia al Estado español son los largos periodos de espera derivados de la densa burocracia que debe llevarse a cabo. De nuevo, se deshumanizan las personas, las maternidades y las menores sometiéndolas a un complejo trámite lleno de obstáculos. Mujeres cuidadoras de los hogares y familias de este país que no pueden cuidar de sus hijos e hijas si no es mediante el acompañamiento de sus propias redes de apoyo.