maternidad secuestrada por la DGAIA

Después de miedos, largas colas y distintos obstáculos burocráticos, Eli González consiguió presentar la solicitud de asilo en enero de 2019, tres meses después de haberse visto obligada a huir de Nicaragua. “Yo estaba en una situación muy vulnerable, ya que sabía que estaba embarazada y no tenía ningún tipo de red. Debía buscar cómo sobrevivir”, recuerda con tristeza. Entró en el programa de acogida con Cruz Roja. “En poco más de un mes viví tres cambios de domicilio”, explica González.

A través de la matrona que la acompañaba en el embarazo, conoció a Ana Ara, una activista feminista que ha vivido media vida en Nicaragua, y así y empezó a rodearse de “personas maravillosas”, según la nicaragüense. Unos meses antes de dar a luz, había conseguido tejer una bonita red de cuidados y afectos en Barcelona. Pero, cuando el bebé tenía dos meses, Cruz Roja le requirió un nuevo cambio. “Me tenía que trasladar a un piso compartido en Terrassa cuando ya tenía una red aquí: me sentí como si me desengancharan de una hermana”, denuncia. Lo peor estaba a punto de llegar.

Con una pequeña red y obligada a realizar trámites burocráticos para regularizar a su hijo, en alguna ocasión se vio forzada a pedir el favor a terceras personas de que fueran a recoger al niño en la guardería. En una de estas ocasiones, de repente, le llamaron del hospital. “Mi hijo estaba ingresado, lleno de tubos, y encima de no saber si sobreviviría, llegan los Servicios Sociales para abrir una investigación por maltrato y yo era la principal sospechosa. No entendía nada”, recuerda con los ojos empapados. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) le retiró la custodia de su hijo. “Fueron once meses de tortura, me destrozaron la vida completamente”, dice González.

Pasaron once meses hasta que la investigación concluyó que ella no era quien había agredido a su hijo. “Romper el vínculo de forma brusca de un día para otro es un daño psicológico muchas veces irreparable”, explica la activista Ana Ara. “Y esto es lo que me parece más grave por parte de las instituciones, que no se responsabilizan de los daños causados: nadie lo asume, nadie te dice ni siquiera que fue un error. Nada, absolutamente nada”.

González denuncia que las trabajadoras de la DGAIA fueron “racistas, incomprensivas, sentía que yo les explicaba algo y ellas entendían lo que querían entender”. Y cuando, después de once meses de solo poder visitar a su hijo una hora a la semana en el centro residencial de acción educativa (CRAE) de Manresa –donde lo tenían acogido–, lo recuperó, se vio abocada de nuevo a la precariedad con un niño con diversidades funcionales derivadas del accidente.

“Esto para mí es muy colonial”, denuncia Ana Ara, “si se preocupaban por cómo vivía este niño antes, también deberían pensar que hay unas necesidades económicas y efectivas que tanto la madre como el niño tienen después del daño que se les ha hecho: mientras estaba en el CRAE había un presupuesto para la institución; en el momento que lo devuelven a su madre ya no hay presupuesto para nada”.

Como el hijo de Eli González, actualmente hay 8.448 niños y adolescentes en medida protectora según la DGAIA, el 41% extranjeros. Ante esta situación, Ara cree que es imprescindible y estratégico “que podamos crear redes entre los movimientos sociales de personas a quienes no nos gusta este sistema y las mujeres migrantes”.